El BNG de O Barbanza se hace eco de la propuesta para que Portos exima a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro del pago de tasas

El BNG de O Barbanza se ha hecho eco de que el grupo parlamentario de la formación frentista, a iniciativa de la diputada Rosana Pérez Fernández, presentó una proposición no de ley para su debate en pleno relativa a la necesidad de modificar la Lei 6/2017, de Portos de Galicia, para eximir a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro del pago por la utilización de terrenos portuarios. Dicho ente público, según indican desde las filas nacionalistas, ingresó en el ejercicio 2022 -último disponible en su página web- en concepto de “Canons, concesións e autorizacións”,un total de  2.889.364 euros. "Este apartado é o segundo que máis ingresos correntes proporciona ao ente cada ano, despois da taxa por desembarco de pesca fresca (5.008.871 euros no 2022), e aporta un 16,9% ao total dos ingresos de xestión ordinaria de Portos de Galicia nese ano (17.062.216 euros)", precisan los nacionalistas.

"Aínda que Portos de Galicia non desglosa cal é a cifra exacta correspondente ás concesións e cal ás autorizacións, o certo é que os concellos veñen abonándolle cantidades moi importantes pola utilización do dominio público portuario", señala Rosana Pérez. La diputada indica que, además de las elevadas cuantías,las administraciones locales también soportan "a nefasta xestión" de la entidad portuaria autonómica en cuanto a su cobro. "Recentemente coñecemos que veñen de requerírselles as cantidades correspondentes aos dous últimos anos pola utilización do espazo portuario que, segundo Portos de Galicia, sufriron retraso por mor de falta de persoal, un argumento que entendemos totalmente inxustificábel", precisaron desde el grupo parlamentario del BNG.

A ese respecto, los nacionalistas afirman que todas las administraciones, incluida Portos de Galicia, tienen mecanismos suficientes para la contratación de personal y, por lo tanto, "para non actuar en detrimento e causar prexuízos aos administrados, neste caso aos concellos e noutras ocasións, como xa ten ocorrido, aos profesionais". Rosana Pérez dice que ya no sólo es el retraso y la acumulación de dos anualidades, sino también errores "non menores" en las liquidaciones, que requieren de explicaciones y de mayor claridad y transparencia en las mismas. 

"Afán recadatorio"

El grupo parlamentario nacionalista insiste en el "máis que evidente afán recadatorio da Lei de Portos de Galicia coas tarifas abusivas que se cobran pola realización de actividades en terreo público portuario que, na maioría dos casos, correspóndese con espazos integrados na trama urbana dos concellos e onde son estes os que se encargan da súa limpeza e mantemento durante todo o ano". Y recuerda que las múltiples actividades que se desarrollan en esos espacios, como fiestas, eventos deportivos o mercados, deben pagar unas "tasas excesivas" para poder levarse a cabo, y que la inmensa mayoría se realizan en espacios urbanos que, pese a estar bajo la titularidad de Portos, nada tienen que ver con la actividad portuaria "nin Portos contribúe en nada ao seu mantemento e adecentamento máis básico", precisa el BNG.

Por ello, Rosana Pérez pide que en el debate plenario del Parlamento de Galicia se a la Xunta a no aplicar los artículos 59, 60, 61, 62, 63 e 64 de la Lei 6/2017, do 12 de diciembre, de Portos de Galicia, a las autorizaciones para instalaciones de ocio y similares propuestas por las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, de modo que queden exentas del pago de las tasas por la realización de actividades en el dominio público portuario; flexibilizar el pago de las dos últimas anualidades por la utilización de dichos terrenos por parte de los ayuntamientos, y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que la acumulación de los cobros de tasas y cánones por parte de Portos de Galicia no vuelva a ocurrir y se eviten los perjuicios que se causan a los administrados.

Demanda histórica

Cabe recordar que en julio de 2018, el BNG de O Barbanza ya reclamó que se eximiera del pago de la tasa de Portos de Galicia a los ayuntamientos y a las entidades sin ánimo de lucro por la realización de actividades. La formación frentista, que criticó en su día la ley aprobada un año antes para regular el sistema portuario gallego, indicó entonces lo que ahora hace su grupo parlamentario de tildar el cobro de esas tasas de "afán recadatorio", precisaron que la referida normativa se llevó a cabo de espaldas a las entidades locales. Los nacionalistas indicaron que muchos ayuntamientos reprueban esas tasas que deben abonar por "abusivas", y también se hicieron eco de las protestas de los profesionales del mar, en referencia a que el ente portuario gallego recauda "para logo ter completamente abandonadas as áreas portuarias".